No más tomas
Hace dos semanas una turba irrumpió a machetazos en el conjunto habitacional Prise en San Pedro de La Paz, a días de ser entregado a más de 200 familias que esperaron cerca de una década por sus viviendas. La toma llamó la atención por la violencia desatada de quienes exigían una solución para hacer abandono de las propiedades. Si bien las autoridades no dudaron en dar la orden para que más de 300 carabineros expulsaran a los okupas, este tema abre una nueva arista a la crisis habitacional, desde el momento en que ya no solo se están organizando tomas ilegales de terrenos, sino que incluso ahora algunos están dispuestos a “saltarse la fila”.
Con todos sus bemoles, Chile ha tenido la política habitacional más clara y exitosa del continente en lo cuantitativo, y hasta 1999, cuando se produce la toma de Peñalolén, había incentivos para que las familias no participaran en tomas de terrenos, ellas esperaban pacientemente su subsidio, y existía una regla tácita que si una que esperaba su solución participaba de una toma, perdía su lugar en la lista.
Así se pudo contener el crecimiento de los campamentos, pero lamentablemente el 2006 perdimos el foco, y las políticas se concentraron en la calidad de las viviendas más que en la cantidad, lo que derivó en el surgimiento de nuevos campamentos de manos de familias que se cansaron de esperar o no calificaban para una vivienda. Ese énfasis en lo cualitativo descuidó los campamentos. El 2007 teníamos 28 mil familias viviendo en 533 campamentos y ahora estamos cerca de las 120 mil familias.
El estallido, el alto costo de los arriendos y la pandemia hicieron que muchas familias fueran expulsadas del allegamiento y obligadas a llegar a campamentos. Según Techo, un 50% de ellas llegaron a las tomas porque no pudieron seguir pagando el arriendo, y solo un 30% son inmigrantes. Esta presión, sumada al debilitamiento del Estado de Derecho luego del estallido, atizada por la desesperación de los sin hogar generó además un mercado de lotificadores piratas, que encontraron un lucrativo negocio en vender terrenos tomados en redes sociales.
Lamentablemente en el Programa de Gobierno del Presidente Boric (Página 151) se plantea una respuesta a los campamentos, “anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades, por sobre los desalojos”. Esto es un llamado velado a participar en tomas y otra demostración de que el buenismo del gobierno tropieza con la realidad. Poco ayudan también las declaraciones del ministro Montes, cuando luego del desalojo en San Pedro dijo que: “las empresas deben resguardar mejor las obras y a su vez, apurar el proceso de entregas cuando las obras estén listas”. ¿Acaso el gobierno quiere que las constructoras generen sus propias milicias? En este contexto es urgente que el Parlamento avance en la aprobación del proyecto de ley que regula los delitos de usurpación ilegal de inmuebles, y que el gobierno deje atrás el buenismo y entienda que la forma de resolver la crisis habitacional es también estableciendo reglas claras y justas para todos.