Como país tenemos una gran carencia de información acerca del comportamiento de nuestros acuíferos y ello ha llevado al sobre otorgamiento de derechos de agua.

El uso sustentable de cualquier recurso natural se facilita cuando concurren al menos los siguientes elementos: derechos de propiedad bien definidos, información de calidad y gobernanza. Sin derechos de propiedad bien definidos, los que pueden ser de naturaleza pública o privada, no es posible limitar el acceso a los mismos y se enfrenta el problema de la Tragedia de los Comunes descrito por Garret Hardin (1968). Dicho problema ocurre porque cada individuo extraerá el máximo posible sin internalizar el impacto que su propia actividad genera sobre los demás individuos en el presente y en el futuro, llevando al agotamiento del recurso natural.

En el caso del agua, esto es particularmente cierto para los usuarios de aguas subterráneas donde no es “visible” el impacto que la propia extracción tiene sobre otros usuarios, por lo que el comportamiento individual de cada usuario puede llevar silenciosamente al agotamiento de un acuífero. No basta entonces con tener derechos de agua bien definidos, si no se puede conocer ni internalizar el impacto sobre terceros.

¿Cómo se resuelve entonces esta compleja situación? Por un lado, se requiere contar con información de calidad acerca del comportamiento del acuífero. Es imperativo conocer su nivel de recarga natural, lo que determinará el nivel máximo de extracciones que puede soportar sin arriesgar su sustentabilidad.

Sin embargo, como país tenemos una gran carencia de información acerca del comportamiento de nuestros acuíferos y ello ha llevado al sobre otorgamiento de derechos de agua sobre algunos acuíferos con nefastas consecuencias sobre la sustentabilidad de los mismos. 

Hoy, alrededor del 50% de los 352 acuíferos o partes de ellos (Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común o “SHAC”) identificados en Chile, se encuentran declarados bajo restricción o prohibición, esto es, se ha visto afectada su sustentabilidad.  

Por otro lado, es necesario contar con información de calidad, actualizada y pertinente, para determinar cuál es la reducción de extracciones que debería aplicar cada usuario titular de derechos de agua para llevar el acuífero a un nivel sustentable. Una vez conocida esa información sobre la reducción necesaria en las extracciones de cada usuario, el Estado o la propia comunidad deberían velar por su cumplimiento. A diferencia del agua superficial, es complejo el control de la extracción de la alícuota en el agua subterránea puesto que no es observable.

En paralelo, es urgente fortalecer la gobernanza en aguas subterráneas, para lo cual se requiere incentivar y también simplificar el proceso de constitución de comunidades de aguas subterráneas o CASub. Las CASub cumplen un rol fundamental en el control y monitoreo de la extracción de aguas que realiza cada usuario, como también en la entrega de esa información al Estado.  

Sin embargo, hoy solo existen alrededor de 12 CASub constituidas, aun cuando el Código de Aguas indica que la declaración de un acuífero bajo estado de restricción “dará origen a una comunidad de aguas conformada por todos los usuarios de aguas subterráneas comprendidas en ella”. 

Esta gran brecha en materia de CASub debería haberse reducido significativamente durante los últimos 12 meses debido a que la última reforma del Código de Aguas en 2022 estableció un plazo de un año para iniciar los trámites para la constitución de las CASub en acuíferos bajo restricción o prohibición. La consecuencia de no hacerlo es que la Dirección General de Aguas ya no podrá autorizar cambios de puntos de captación a aquellos usuarios que no sean parte de la CASub, lo que  puede afectar negativamente las decisiones de producción agrícola o abastecimiento de agua potable, entre otras. Queda pendiente saber cuál ha sido el avance en cerrar dicha brecha hasta la fecha.

Con más y mejor información sobre el comportamiento de nuestros acuíferos, se podrán otorgar los derechos de agua que correspondan al manejo sustentable de cada acuífero, y también que el Estado o la organización de usuarios vele por la reducción de extracciones que permitan recuperar el nivel de sustentabilidad si se hubiese perdido. Es una tarea urgente de lograr en nombre de la sustentabilidad.