Subir los impuestos en una recesión, un despropósito
La promesa de una reforma tributaria para reducir la desigualdad económica y social en Chile es la apuesta del Presidente Boric por mejorar su popularidad. Mayores ingresos fiscales permitirían financiar los ambiciosos proyectos sociales del programa de gobierno. A pesar de las buenas intenciones, el proyecto de ley fue rechazado por el Congreso con el argumento de que aumentar los impuestos en un entorno de recesión es un despropósito. Si bien algunos economistas han explicado los efectos de aumentar los impuestos en una recesión, no hay voces expertas que propongan alternativas factibles. Por ello, la discusión se ha centrado en cómo aumentar los impuestos de la manera “menos dolorosa” para la economía.
El Banco Central de Chile proyecta una recesión para 2023 con una caída del PIB entre -1 y -1,5% (inferior al promedio mundial de 2,9% y al promedio latinoamericano de 1,5%), además de una tasa de inflación de 6,6% (más del doble de la meta de inflación). Asimismo, el Banco Mundial sugiere que el 30% de los chilenos vive en situación de vulnerabilidad y la desigualdad medida por el índice de Gini pasaría del 44 en 2018 al 47 (el promedio latinoamericano es 50, donde 0 es perfecta igualdad y 100 perfecta desigualdad).
En ese contexto, la reforma tributaria busca recaudar el 4,1% del PIB para financiar la mitad del programa de gobierno, especialmente condonando deudas universitarias, ampliando la inversión en ferrocarriles y aumentando el gasto en salud, colocándola como una de las mayores promesas de recaudación. Ambicioso en la historia reciente de Chile. Al respecto, el ministro Marcel señaló que “el impacto de la reforma solo afectará al 3% más rico de la población”. Más allá de la retórica política, la teoría económica explica que lo importante no es quién paga más impuestos a corto plazo, sino quién los paga a largo plazo.
Subir los impuestos implica reducir los factores del sector privado (capital, trabajo, etc.), aumentando los costos de producción de los afectados en el corto plazo. Sin embargo, el aumento de los costos para emprender es un incentivo para desahorrar y desinvertir (más desempleo y menor crecimiento empresarial), reduciendo gradualmente la acumulación de bienes de capital en la economía (afectando la productividad y por ende los salarios de los trabajadores). El riesgo es generar un efecto dominó en la sociedad que promueva la pobreza y la desigualdad a largo plazo, como está ocurriendo en Chile.
Podría argumentarse que el gobierno hará un buen uso del gasto público. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que Chile tiene un 2% del PIB de ineficiencia técnica del gasto público, más un 1% del PIB de programas sociales ineficientes y un crecimiento negativo de -1,5 en 2023, que supera lo que promete recaudar la reforma. Por lo tanto, discutir sobre la manera menos dolorosa de aumentar los impuestos en una recesión es efectivamente un despropósito.
La economía chilena necesita una cirugía compleja. Por un lado, lograr la estabilidad fiscal al reducir la ineficiencia técnica del gasto público. La digitalización y automatización de la administración pública es esencial para liberar recursos públicos y reducir impuestos. Por otro lado, lograr una estabilidad monetaria convergente a la meta de inflación. Reducir el gasto público y la deuda es esencial para moderar la presión sobre los precios y la tasa de interés.
Estas medidas facilitan el emprendimiento y la acumulación de capital, dos elementos básicos para reducir la pobreza y la desigualdad. Por ello, urge reemplazar la politiquería por las enseñanzas de la ciencia económica para sentar las bases que coloquen a Chile, una vez más, en la senda del desarrollo.