Los desafíos educativos para 2023
Es menester comenzar esta columna alabando los importantes avances que ha alcanzado nuestro sistema escolar y que se observan en indicadores, tales como su alta cobertura escolar que aumenta significativamente en la educación preescolar y en los primeros quintiles de ingresos.
Adicionalmente, Chile lidera en Latinoamérica en todas las áreas evaluadas por la prueba internacional PISA (Matemáticas, Lectura y Ciencias). Por su parte, las brechas en los resultados de la prueba Simce entre los estudiantes que provienen del 10% de menores ingresos con aquellos del 10% de mayores ingresos también se han reducido en la última década.
No obstante, se observa que luego de estos importantes avances, los resultados se han vuelto a estancar y la deserción ha aumentado significativamente, lo que claramente, luego de una serie de reformas educativas sin impactos relevantes y de la pandemia del COVID-19, nos inserta en un escenario aún más complejo.
Sin duda, la crisis provocada por la pandemia generó múltiples desafíos a los sistemas educativos del mundo, dado que se han acrecentado las brechas socioeducativas, ha aumentado la deserción escolar y, en algunos establecimientos, se ha registrado un empeoramiento significativo del bienestar socioemocional tanto de alumnos como docentes. Primero, en Chile en el año 2020 se “alertó sobre el acrecentamiento de las brechas educativas tras el cierre de las escuelas y la transición a la educación a distancia, debido a la alta heterogeneidad de capacidades y recursos por parte de las familias y de las escuelas” (Centro de Estudios Mineduc, 2020).
Asimismo, el Banco Mundial en conjunto con el Mineduc afirmaron que los estudiantes del país que perdieron el 60% de clases presenciales aprendieron un 40% menos que en un año académico normal. Esto es aún más alarmante, porque el mismo estudio asevera que se incrementaron las brechas entre estudiantes del quintil más rico y los del quintil más pobre. Igualmente, los estudiantes de escuelas públicas que se mantuvieron cerradas por la pandemia presentaron una pérdida de 94%, es decir, tan solo aprendieron un 6% de lo esperado.
Segundo, recientemente, el Mineduc afirmó que en el año 2021 la deserción escolar superó los 40.000 estudiantes, cifra que aumentó significativamente al año siguiente, llegando a 50.529 niños y adolescentes fuera del sistema escolar. Adicionalmente, el Mineduc también informó que el 40% de los estudiantes chilenos presentaron menos de un 85% de asistencia a clases, lo que claramente tiene un impacto sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tristemente es necesario mencionar que las reformas educativas impulsadas desde el 2010 en adelante -previo a la pandemia- no demostraron impactos positivos importantes, más bien estancaron su avance y las cuarentenas fueron la crónica de un desenlace conocido, Tercero, la violencia escolar registrada luego del retorno presencial a clases alertó sobre el bienestar socioemocional de los estudiantes. Sin duda, este fenómeno tiene un impacto negativo sobre los dos temas antes analizados: el desarrollo de aprendizajes significativos y la deserción escolar, por tanto, urge dar respuestas desde las políticas públicas.
En este contexto, no es plausible que una vez más los estudiantes más vulnerables del país aprendan menos que sus pares más ricos, y menos aún que carguen con estos efectos a través de su trayectoria futura. Por tanto, es necesario diseñar políticas públicas que permitan ofrecer soluciones y enfrentar adecuadamente esta inédita crisis en conjunto con la sociedad civil, los privados y el Estado, donde prime la libertad y autonomía de las escuelas y el rol de los diversos actores de las comunidades educativas.
Esto, sin duda, requiere repensar algunas políticas educativas que presentan debilidades en su diseño institucional que terminan afectando la diversidad de proyectos educativos y sus respuestas pertinentes y coherentes con los territorios y sus particularidades. Solo así se construirá mayor valor público.
