Pensiones: Proyecto empantanado
Habiendo bastante consenso técnico y político en cuanto a la necesidad de introducir ajustes al actual régimen previsional para poder mejorar las pensiones de los chilenos, la forma como el Gobierno está conduciendo las conversaciones impide avanzar en la búsqueda de acuerdos. Hasta ahora lo que está prevaleciendo es una postura maximalista, que, hay que reconocer, representa lo que la mayoría de la coalición gobernante piensa sobre el tema: fin a las AFP, introducción de la modalidad del reparto para financiar determinadas prestaciones, entrega al Estado de un rol monopólico en la administración de las cuentas y un esquema que tiende hacia el monopolio en la administración de los ahorros previsionales.
A pesar de haberse entregado opiniones bien fundamentadas para objetar las deficiencias técnicas del proyecto tanto respecto de la posibilidad efectiva de cumplir con los objetivos declarados así como en relación a los efectos laterales que podrían producirse tanto en la informalidad laboral como en el mercado de capitales, hasta la fecha no se advierte una voluntad política para avanzar en la dirección sugerida por quienes tenemos una posición distinta a la del Gobierno en relación al proyecto presentado.
Algunas ideas básicas a explorar para “desempantanar” el proyecto, sobre las cuales se podría trabajar: 1) establecer objetivos claros respecto de la tasa de reemplazo, y buscar la manera más eficiente de alcanzar esos resultados, sin anteojeras ideológicas; 2) considerando que las modificaciones a la PGU han cambiado las condiciones de contexto, reevaluar el porcentaje de cotización que efectivamente se requeriría para efectuar las transferencias intrageneracionales consideradas; 3) tomando en cuenta que la propuesta del Gobierno contempla ingresar bajo la modalidad de una cuenta nocional aportes que van a redundar directamente en la pensión de los cotizantes, pero sin ninguna certeza, calcular el “equivalente cierto” de ello y traspasar esa fracción de la cotización directamente a las cuentas individuales de los trabajadores, eliminando el constructo de las cuentas nocionales; 4) en lo relativo a la separación de la industria, establecer comisiones separadas para la administración de cuentas y de inversiones, posibilitando la participación de actores privados que compitan con el ente público en los dos ámbitos, dejando la decisión final en los propios cotizantes; 5) eliminar la opción por defecto del destino de las cotizaciones en la institución estatal; y 6) regulación adecuada de los conflictos de interés que van a surgir como consecuencia de la participación de agencias estatales.