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UDD en la Prensa

Más estabilidad y desarrollo: un régimen parlamentario para Chile

 Klaus Schmidt-Hebbel
Klaus Schmidt-Hebbel Profesor Investigador, Centro de Investigación Sociedad y Empresa, Facultad de Economía y Negocios

La elaboración de una nueva Constitución para Chile abre la discusión sobre el reemplazo de nuestro actual régimen político, el sistema presidencial (SPre), por un sistema parlamentario (SPar).

En un SPre existe una separación fuerte entre el Poder Ejecutivo (encabezado por un presidente) y el Poder Legislativo, con elecciones separadas de presidente y parlamentarios. El presidente es normalmente el jefe de gobierno y de Estado en un SPre. En un SPar la elección de los parlamentarios genera tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, porque una mayoría parlamentaria debe formar una coalición de gobierno (encabezada por un primer ministro) que ejerce el Poder Ejecutivo.

La evidencia mundial sobre las ventajas políticas del SPar, en comparación con el SPre, es abrumadora. (1) Casi todas las dictaduras del mundo son SPre. (2) En un SPar el gobierno representa a la mayoría parlamentaria, a diferencia de muchos gobiernos presidenciales que carecen de mayoría parlamentaria, paralizando su agenda de gobierno. (3) Una buena coalición de mayoría se puede reelegir en un SPar, mientras que los plazos fijos en un SPre impiden la continuación o reelección del presidente. Se mitiga una crisis política en un SPar, porque el gobierno encabezado por una coalición o un primer ministro deficiente termina en cualquier momento. (4) Debido a que las coaliciones de gobierno se forman a través de partidos representados en el Parlamento, el caudillismo y el populismo, tan frecuentes en un SPre, son más acotados en un SPar. (5) Un SPar favorece la formación de un gobierno que incluye al centro político, evitando los gobiernos extremistas.

Los países desarrollados tienen un alto PIB por habitante, son democráticos, exhiben estabilidad económica y política, y entre ellos dominan los SPar. En los países en desarrollo se observan mayores riesgos económicos y políticos, dominan los SPre y se concentran las dictaduras del mundo. ¿Qué dice la evidencia económica sobre los efectos de los sistemas políticos? Muestra que los SPre, en comparación con los SPar, están asociados a menor productividad, menor crecimiento, mayor inflación, mayor desigualdad, gobiernos más pequeños y menor gasto social.

En América Latina y en Chile el fracaso de los SPre es evidente. A menudo los presidentes electos carecen de apoyo mayoritario en el Congreso, llevando a la ineficacia gubernamental y, en el extremo, a la ingobernabilidad. Los cuasi golpes e impeachments presidenciales son frecuentes (Brasil, Perú, Paraguay, casi en Chile). El centro político está subrepresentado o simplemente es barrido por candidatos populistas y/o extremistas. Estos, sin una base partidaria sólida, en primera vuelta reciben en torno al 30% de los votos, siendo luego electos en segunda vuelta (Boric-Kast, Castillo-Fujimori, Petro-Hernández, Lula-Bolsonaro). Todas las falencias anteriores, intrínsecas a un SPre, son imposibles o menos intensas en un SPar.

Existen argumentos populares, pero erróneos en contra del parlamentarismo en Chile. El fracaso del “parlamentarismo” de 1891-1925 —que no fue un SPar; la mala calidad de los parlamentarios, la cual es endógena al sistema; la proliferación de partidos impediría lograr coaliciones estables— es producto de la regla de representación parlamentaria, no del sistema político.

A la luz de la evidencia chilena e internacional, propongo que Chile adopte un sistema parlamentario en su nueva Constitución. Esto requiere redefinir los roles de las cámaras Baja y Alta, las condiciones de formación y disolución de un gobierno, la conformación del gabinete, la elección popular de un jefe de Estado, la reducción de los nombramientos de autoridades del Estado, etc. También debe complementarse con un régimen de partidos más fuertes y grandes, con representación parlamentaria condicional a una votación mínima de, por ejemplo, 5% por partido, el fortalecimiento del financiamiento partidario (incluyendo los centros de estudios asociados a ellos) y una gobernanza fuerte de los partidos políticos (ver ejemplos de Alemania, Suecia y Nueva Zelandia).