Desactivando la bomba
A pocos meses del 18-O en estas páginas advertimos un «próximo estallido»: la crisis de acceso a la vivienda. En ese entonces, el número de familias viviendo en campamentos había aumentado dramáticamente, pero lo que nunca previmos era que la pandemia triplicaría en solo un año y medio ese número llegando ¡a los 70 mil!
¿Qué explica este dramático retroceso en nuestras políticas habitacionales? La principal razón que las forzó a volver a los campamentos fue el encarecimiento de la vivienda, la crisis económica que les impidió seguir pagando los arriendos, o más cruel aún, allegados expulsados a la calle por el temor al contagio. Se estima que el déficit habitacional en Chile hoy bordearía los 700 mil hogares, de los cuales aproximadamente 300 mil son viviendas en mal estado, más de 300 mil familias que viven allegadas y 70 mil en campamentos.
Este problema se vio exacerbado por la falta de oferta de vivienda de bajo costo en zonas centrales. Este ya no es un problema marginal, y está afectando a las clases medias vulnerables, lo que quedó de manifiesto en uno de los carteles del 18-O que decía: «Muy pobre para el banco, muy rica para el Serviu».
Para desactivar esta bomba es clave darle sentido de urgencia a la crisis, con un plan y épica similar a lo que fue la reconstrucción del 27F, que nos permitió construir y reparar cerca de 220 mil viviendas en poco más de 4 años.
En este sentido celebramos el reciente anuncio del esperado «Banco Integrado de Suelos» entre el Minvu y Bienes Nacionales, que logró sumar 120 terrenos fiscales aptos para construir vivienda, 52 de los cuales fueron traspasados por este último. Son más de 250 hectáreas urbanas bien ubicadas que podrían albergar hasta 20 mil nuevas viviendas. Sin duda una gran noticia, que se suma a que el 2021 el Minvu contará con un presupuesto superior a $278 mil millones, que permitirá la adquisición de 50 terrenos para la construcción de 10 mil viviendas. Finalmente, el ministro Ward anunció el desafío «100+100» que apunta a gestionar 200 tomas y campamentos por año y al 2024 encontrar solución para 860 asentamientos precarios.
El desafío ahora será romper con las barreras burocráticas e ideológicas para avanzar en la pronta ejecución. Ya que, si el sistema nacional de inversión pública es lento en tiempos de paz, más desafiante será estresarlo en tiempos de urgencias como ésta.
Aquí todos debemos sumar. No podemos dejar al Estado toda la responsabilidad y debemos desplegar todas las fuerzas. Hacemos un llamado al Senado, donde en estos días se refina el Proyecto de Ley de Integración Urbana, para que no teman a las concesiones y se permita que privados construyan, operen y mantengan vivienda pública con arriendo protegido en terrenos fiscales. En el otro extremo, impulsemos una campaña para organizar inmobiliarias populares y cooperativas que permitan activar un plan nacional de microdensificación de barrios según los nuevos cambios a la OGUC, para triplicar el número de hogares manteniendo el carácter y cohesión de barrios centrales. La única manera de evitar este estallido es echando mano a todos los mecanismos legales, legítimos y necesarios para que podamos garantizar el acceso universal a la vivienda en la nueva Constitución.
