Tolerancia, democracia y nueva Constitución
Desde el estallido social que se inició el 18 de octubre, hemos sido testigos a diario de una serie de hechos de violencia que se han tomado nuestras calles, plazas, espacios públicos y privados, y que han determinado nuestros trayectos, agendas, jornadas laborales, etc., al margen de la institucionalidad y legalidad vigente.
Los saqueos, incendios, la destrucción de estaciones del metro, edificios, monumentos nacionales, el indignante peaje “el que baila pasa”, el uso excesivo de la fuerza, las funas públicas o en redes sociales y, en los últimos días, el boicot de la PSU, son manifestaciones de un grado de violencia e intolerancia sin precedentes en nuestra historia reciente y que han afectado gravemente los pilares más básicos de nuestra democracia.
Una sana democracia se basa en principios tales como la igualdad política, la libertad y dignidad de las personas, la participación y el pluralismo político, el principio de las mayorías y el derecho de las minorías. La promoción y protección de los derechos humanos constituye un pilar básico de la democracia, pero entendiendo, eso sí, que estos no son absolutos y que tienen como límite el respeto de las libertades individuales y el derecho de los demás.
El reconocimiento y defensa del pluralismo político presupone, como otro elemento consustancial a la democracia, la tolerancia, virtud esencial para la convivencia pacífica y que debe estar presente en la relación de los ciudadanos entre sí, entre estos y los gobernantes y entre los miembros de la clase política. Ser tolerante implica reconocer la diversidad y saber convivir con las diferencias, aceptar que existan opiniones y proyectos políticos diversos, respetar al que piensa distinto y aceptar, finalmente, que las decisiones deben consensuarse a través del diálogo político. La intolerancia que busca suprimir o excluir por la fuerza al adversario imponiendo verdades absolutas conlleva necesariamente a un totalitarismo.
Lo visto hace unos días en la sede del Congreso Nacional donde una turba amenazaba, incluso de muerte, a un grupo de parlamentarios, así como las agresiones y descalificaciones que seguimos observando en espacios públicos y redes sociales, y que ya no discrimina sectores políticos, constituye un atentado flagrante a la democracia, al pluralismo político, a la libertad de expresión, a la tolerancia y a nuestro Estado de Derecho. No podemos aceptar que las decisiones políticas se tomen actualmente sobre la base del miedo.
Si este es el escenario de cómo se hace política hoy en Chile el proceso para dotarnos de una Nueva Constitución estará gravemente amenazado. Si no se puede garantizar un diálogo político exento de presiones y amenazas, estaremos muy lejos de poder sostener que tendremos una nueva Carta Política nacida en democracia y, por consiguiente, se podría llegar a cuestionar nuevamente su legitimidad de origen.
Resulta imperioso, por lo tanto, recuperar un clima de convivencia y diálogo pacífico si se quiere avanzar en un proceso constituyente y lograr que este sea exitoso.