El actual proyecto de ley que pretende ampliar e intensificar el tratamiento penal del femicidio presenta dos problemas fundamentales e insalvables. El primero consiste en la insistencia en recurrir al derecho penal, siendo que la experiencia de todos los países que han optado por esta vía muestra claramente que las cifras son insensibles tanto a la tipificación del femicidio como a la agravación de las penas.
El segundo problema del proyecto consiste en asumir que en todos los casos de femicidio subyacería en el hombre “una motivación sexista o misógina”. Si bien las consideraciones de género constituyen una variable que explica parcialmente el femicidio, no puede asumirse la concurrencia de dicha motivación por el solo hecho de existir una relación de pareja entre autor y víctima (por citar uno de los supuestos en que el proyecto entiende que concurre la razón de género).
El asesinato de mujeres constituye un fenómeno social complejo no reducible a una sola causa. En vez de castigar más y de manera más intensa, el Estado chileno debiese seguir el ejemplo de varios países desarrollados y las recomendaciones de la OMS, y enfocarse en investigar y entender el problema para poder desarrollar políticas de prevención efectivas.