La comunidad científica está expectante por saber cómo será la implementación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Surgen los primeros nombres a candidato a Ministro o Ministra, mientras las cifras sobre el presupuesto 2019 para CONICYT no dejan conformes al mundo científico. A esta incertidumbre se debe sumar si se definirá una política en la que se establezcan áreas estratégicas prioritarias, si habrá especialización en el país en materia de capital humano avanzado, si se aumentarán los fondos públicos en I+D o se esperará que esto ocurra desde el sector privado, entre otros temas. Dicho esto, no cabe la menor duda de que el presupuesto no es el único desafío del Ministerio y tal vez podría ser el menos relevante si no se establece una estrategia clara, que concite un apoyo transversal y que sea de largo plazo.
Otro desafío no menor será incluir a más actores, tanto en la discusión como en la ejecución de las políticas públicas que se generen. La gran diferencia de CONICYT con el Ministerio es que éste deja de tener su foco sólo en la ciencia y en la formación de capital humano y debiera incorporar a los actores del sistema nacional de innovación y otros que hagan posible la captura de distintas formas de valor a partir de la ciencia. Idealmente debiéramos esperar que la ciencia esté en todas los ámbitos de la sociedad y no aislada de ella, y que quienes la ejecuten estén más conectados a los desafíos del país.
Así, el lugar que tradicionalmente ha sido habitado por investigadores, pasará a ser uno donde se implementen políticas modernas que impulsen lo que Chile necesita para el siglo XXI, como la formación de una nueva generación de investigadores y políticas que promuevan I+D que genere un impacto real en la sociedad, impacto que no se limite al ámbito científico, si no que también incluya el económico, social, cultural, ambiental, entre otros. La esperanza de Mario Hamuy de que el Ministerio no fuera capturado por intereses particulares, como lo decía en una nota reciente, es clave para hacer el cambio en la estrategia que se venía desarrollando en CONICYT.
Las cifras de los últimos años indican que el gasto en I+D está en torno al 0.38% del PIB y la esperanza es que este gasto suba. De acuerdo a los datos disponibles en la base de datos de la OCDE, en Chile tenemos 1.02 investigador por cada mil empleados. Si nos comparamos con Nueva Zelanda, cuyo gasto en I+D es 1.28% del PIB, la cantidad de investigadores por cada mil empleados es de 7.9. Estados Unidos e Israel, que tienen un gasto de 2.8% y 4.3% del PIB tienen 9.1 y 17,4 investigadores respectivamente.
En Chile, aproximadamente dos tercios del gasto en I+D proviene del estado y el otro tercio desde el sector privado. En la países intensivos en I+D, esta cifra es todo lo contrario, dos tercios del gasto provienen desde el sector privado. La ejecución del gasto también mantiene proporciones similares. Si actualmente la mayor cantidad de doctores y magíster se desempeñan en la academia, al aumentar la participación del sector privado en la actividad de I+D, la gran pregunta que surge es cuántos y en qué áreas se debiera ampliar la formación de doctores y magíster para desempeñarse en otro ámbito que no sea el académico y cómo debiera cambiar su formación para que estos profesionales estén más preparados para esos ambientes laborales. Quienes se desempeñan en el sector privado están más enfocados a la solución de problemas que a la sola generación de conocimiento científico, con todo lo que ello implica en cuanto a publicaciones científicas, patentes y el manejo de la confidencialidad. Asimismo, al tener su foco en la solución de problemas, requieren trabajar más en equipos multidisciplinarios.
En relación a las áreas de formación, la respuesta no es tan sencilla, pues dependerá de qué se defina en políticas públicas para la formación de capital humano, por ejemplo, ya hay una señal en relación al establecimiento de áreas prioritarias para la formación de magíster. El sector privado no ha sido un demandante intensivo de I+D para la generación de innovaciones, por lo tanto, no hay señales claras en esta línea. Se podría asumir, sin embargo, que se subirán a la cuarta revolución industrial, pero cuando hablamos de formación de capital humano avanzado, hablamos de largo plazo, algo en lo que pocas veces hemos sido consistentes.
No cabe la menor duda que se requiere una política consensuada, que considere la participación de distintos actores y por supuesto la realidad de las distintas regiones. Las universidades cada vez más deben participar del desarrollo de los territorios en los que están insertos y contribuir no tan solo a la formación de profesionales, sino que también a la de capital humano avanzado, con conocimiento y tecnologías que sean pertinente para el desarrollo de su región  o del país.
Las oportunidades pueden ser realmente relevantes si se crea ese futuro que esperamos para Chile desde una visión compartida. Sin ese acuerdo, en el que nadie se quede abajo del desarrollo, la carrera será solo por los recursos. La esperanza está puesta en la nueva institucionalidad.