El nuevo reglamento sobre objeción de conciencia entregado recientemente por el Minsal indica que «en virtud de lo ordenado por Contraloría, los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del DFL Nº 36 podrán ser objetoras de conciencia siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología». Esto es bastante parecido a lo propuesto por el anterior gobierno y parece armonizar adecuadamente lo que señala el Tribunal Constitucional con lo observado por la Contraloría. En efecto, según el DFL 36 del año 1980 en relación con los convenios de prestación de servicios, «un organismo, entidad o persona distinta del Servicio de Salud sustituye a este en la ejecución de una o más acciones de fomento, protección y recuperación de la salud o de rehabilitación de enfermos, sea por delegación, mandato u otra forma que les permita actuar y administrar por cuenta del Servicio para atender a cualquiera de los beneficiarios de este».
No obstante, a diferencia de lo que han opinado algunas personas, esta solución dista de proteger los derechos de las mujeres. En efecto, aquellos establecimientos que por su ideario valórico opten por no realizar abortos, deberán derivar a otros servicios de salud a todas las mujeres que requieran de prestaciones ginecológicas, no solo aquellas relacionadas con la atención del embarazo, parto y puerperio, sino que también por patología ginecológica (control de climaterio, miomas, tratamiento oncológico, etcétera). Por lo tanto, serán muchas más las afectadas que no podrán tener continuidad de tratamiento en ese servicio. Incluso podríamos llegar al absurdo de que durante una hospitalización por patología no ginecológica, no pueda brindársele una atención integral en estas otras áreas de la medicina.
Este problema será aun mayor cuando se legisle a favor de despenalizar la eutanasia, puesto que muchas otras especialidades deberán ser excluidas de los servicios que presten los centros objetores.
Tal vez ha llegado el momento de volver a mirar los convenios iniciales y eventualmente modificarlos, para evitar desproteger a muchos usuarios de servicios de salud privados que han suscrito convenios con el Estado.